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24-4: La protesta social toma las calles de San José.

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En la antesala de un llamado multisectorial de protesta, este miércoles 24 de abril -coincidente con el aniversario número 54 de la lucha contra la minera Alcoa- se conjuntan voces para detener retrocesos de derechos de la ciudadanía obtenidos a lo largo de décadas, gracias al estado social. En este contexto, la Defensoría de los Habitantes viene alzando la voz para enfrentar varios flancos, tales como la angustia de numerosas comunidades que sufren de desabastecimiento de agua, la lucha por restituir dineros urgentes que permitan enfrentar la más violenta ola de criminalidad del país, lo mismo que la crítica situación que enfrentan -por citar solo un caso- los pacientes y el personal del hospital Max Peralta de Cartago. Imposible dejar de lado la solicitud de cuentas al IMAS para que justifique los criterios para la limitación de las becas del programa Avancemos, como una acción más en los recortes en los presupuestos de inversión social más bajos en la última década. Y para lograr mantener sus funciones de denuncia y acompañamiento a los derechos de los ciudadanos, la misma Defensoría debe luchar ahora para que el Ministerio de Hacienda le restituya casi ₡245 millones que le asignó la Asamblea Legislativa para evitar su propio cierre técnico. Para hacer balance de insatisfacciones sociales conversamos con la Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank.
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En la antesala de un llamado multisectorial de protesta, este miércoles 24 de abril -coincidente con el aniversario número 54 de la lucha contra la minera Alcoa- se conjuntan voces para detener retrocesos de derechos de la ciudadanía obtenidos a lo largo de décadas, gracias al estado social. En este contexto, la Defensoría de los Habitantes viene alzando la voz para enfrentar varios flancos, tales como la angustia de numerosas comunidades que sufren de desabastecimiento de agua, la lucha por restituir dineros urgentes que permitan enfrentar la más violenta ola de criminalidad del país, lo mismo que la crítica situación que enfrentan -por citar solo un caso- los pacientes y el personal del hospital Max Peralta de Cartago. Imposible dejar de lado la solicitud de cuentas al IMAS para que justifique los criterios para la limitación de las becas del programa Avancemos, como una acción más en los recortes en los presupuestos de inversión social más bajos en la última década. Y para lograr mantener sus funciones de denuncia y acompañamiento a los derechos de los ciudadanos, la misma Defensoría debe luchar ahora para que el Ministerio de Hacienda le restituya casi ₡245 millones que le asignó la Asamblea Legislativa para evitar su propio cierre técnico. Para hacer balance de insatisfacciones sociales conversamos con la Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank.
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